"Este recurso ha sido creado con mucho esfuerzo para que todos podamos beneficiarnos gratuitamente. Por favor, evita lucrar con el trabajo ajeno o redistribuirlo como propio; al hacerlo, pones en riesgo que sigamos compartiendo material de valor para la comunidad."
El olor a gas lacrimógeno se impregna en la garganta mucho antes de divisar las rejas de fierro que hoy aíslan el Kilómetro Cero de Bolivia. En la tradicional calle Comercio, el silencio comercial se quiebra con el eco seco de petardos y el estallido esporádico de los “cachorros” de dinamita que los mineros cooperativistas hacen explotar contra el pavimento. La sede de Gobierno ha dejado de ser una ciudad para convertirse en un inmenso teatro de operaciones políticas y de supervivencia humana.
Una caminata indígena de 28 días desde Pando encendió la mecha, pero el combustible real de este levantamiento fue, paradójicamente, la falta de combustible. Un escándalo por carburantes defectuosos que arruinó miles de motores en febrero, sumado al recorte de subsidios y a la escasez crónica de divisas implantada por la administración de Paz tras ganar el balotaje en 2025, unificó las demandas. Cuando la Central Obrera Boliviana (COB) decretó el paro general el pasado 1 de mayo, lo que comenzó como un reclamo salarial y agrario mutó rápidamente en una consigna radical: la renuncia del mandatario.
CRONOLOGÍA DE UNA ESCALADA (MAYO 2026)
1 de mayo: La COB decretó paro general indefinido.
12 de mayo: Inicia la "Marcha por la Vida" desde Caracollo (Oruro).
13 de mayo: El presidente Paz abroga la Ley 1720; los sectores evistas radicalizan el paro.
18 de mayo (hoy): La marcha entra a La Paz; fuertes disturbios y cerco total.
Desde el Trópico de Cochabamba, la voz de Evo Morales resuena en las radios comunitarias, desmarcándose de las acusaciones fiscales de sedición pero capitalizando el descontento: "El problema ya no es una ley, es el modelo", repite. A nivel internacional, el tablero es un espejo de la polarización regional. Ocho países vecinos, encabezados por Argentina y Chile, firmaron una declaración de respaldo institucional a Rodrigo Paz, denunciando un intento de desestabilización democrática. En contraste, desde Colombia, Gustavo Petro define las movilizaciones como una "insurrección popular".
En la Asamblea Legislativa Plurinacional, los pasillos políticos arden. El intento del Ejecutivo de negociar un pacto nacional se estrella contra el ala radical evista, que exige adelantar las elecciones. Para complicar el panorama, el vicepresidente Edmand Lara marca distancia con el propio presidente Paz, criticando la dureza de la represión policial.
Al cerrarse esta jornada, La Paz no duerme. Miles de marchistas e indígenas se acomodan en las aceras del centro paceño, encendiendo fogatas improvisadas con cartones y maderas. La "Marcha por la Vida" ha llegado a su destino físico, pero el desenlace de esta crisis institucional sigue suspendido en el aire denso y frío del altiplano boliviano.
El documento JIOC‑008‑2020 del Tribunal de Justicia Indígena Originario Campesino Chuquiyapu (La Paz) trata de un conflicto territorial por intento de expropiación de terrenos en Quilláquillá Calacoto Alto, zona sur de La Paz.
Resumen del contenido principal:
Fecha: 18 de octubre de 2019.
Tribunal: Justicia Indígena Originaria Campesina Chuquiyapu.
Materia: Intento de expropiación de terrenos.
Expediente: 008/2019, Provincia Cercado Murillo.
Base legal: Constitución Política del Estado Plurinacional y Reglamento de la Justicia Indígena Originaria Campesina.
Aspectos relevantes:
El tribunal actúa en nombre del Estado Plurinacional, aplicando la jurisdicción indígena originaria campesina reconocida por la Ley N° 025.
Se convoca a autoridades indígenas originarias campesinas y a profesionales expertos para analizar el caso y emitir opinión técnica.
El proceso busca resolver el conflicto territorial mediante principios comunitarios, usos y costumbres, y el respeto a la autonomía indígena.
La resolución final reafirma la validez de la justicia indígena en el ámbito urbano‑rural, mostrando cómo se articula con el sistema judicial estatal.
Por: Santos Diamantino
17 de mayo del 2026
Bolivia atraviesa un punto de inflexión histórica en este 2026. El colapso definitivo del ciclo hegemónico del Movimiento al Socialismo (MAS), fracturado por divisiones internas que desarticularon su base política, ha dado paso a la gestión de centroderecha del presidente Rodrigo Paz.
El nuevo ejecutivo asume el mando en medio de una crisis multidimensional asfixiante, marcada por el desabastecimiento, una inflación sostenida y la aguda escasez de divisas. Esta asfixia económica ha detonado una intensa ola de protestas protagonizada por mineros, docentes y el sector del transporte, poniendo en jaque la gobernabilidad y reactivando debates históricos sobre la estructura del Estado, la propiedad agraria y el rol de los pueblos originarios.
El panorama actual responde a tres fracturas estructurales que reconfiguran el mapa del poder en el país:
1. Desmantelamiento del relato oficial y vacío ideológico
Durante casi dos décadas, el aparato estatal instrumentalizó y vació de contenido político la radicalidad original del katarismo y el indianismo, reduciéndolos a un folclore institucional. El concepto del "Estado Plurinacional" operó como una narrativa homogeneizadora que integró simbólicamente a los pueblos originarios, pero dejó intactas las relaciones de poder y la distribución de la riqueza. La retórica descolonizadora funcionó más como un mecanismo de legitimación gubernamental que como un programa de transformación real.
Con la salida del MAS del Ejecutivo, este andamiaje discursivo se ha desmoronado, dejando a los sectores populares en una situación de profunda orfandad ideológica. Esta coyuntura confirma los análisis publicados previamente en el periódico Pukara:
“Cuando una ideología emancipadora es instrumentalizada por un ‘mesianismo político’ y monopolizada por un partido, se erosiona su capacidad transformadora a largo plazo”.
La pérdida de este lenguaje oficial no anula las demandas indígenas, pero sí cambia su canalización. Al quedar doctrinalmente desarticulados frente a las reformas de corte neoliberal, los movimientos de base abandonan la ilusión de la “co-gobernanza” estatal y repliegan sus fuerzas hacia expresiones políticas locales y corporativas.
2. El retorno a las bases: Resistencia sindical y territorial
El katarismo histórico emerge nuevamente ligado a su núcleo originario: el sindicalismo campesino y la defensa del territorio frente al poder central. Lejos de los discursos abstractos sobre identidad cultural, la movilización actual se concentra en demandas materiales precisas: tierra, empleo y autonomía local.
Las masivas movilizaciones de la Central Obrera Boliviana (COB) y las marchas de los pueblos indígenas de Pando y Beni hacia La Paz evidencian este giro. Mediante bloqueos de carreteras y huelgas generales, estas organizaciones forzaron a la administración de Rodrigo Paz a archivar y anular los proyectos de ley sobre reclasificación y propiedad agraria.
Este escenario valida la tesis planteada desde mi investigación de 2016: el katarismo tiende a reactivarse cuando el Estado, percibido como un ente ajeno, intenta reconfigurar las relaciones de propiedad y trabajo en el agro. Al verse amenazados, los pueblos originarios regresan a la trinchera histórica de la presión corporativa para asegurar su subsistencia material.
3. La deconstrucción del mito rural ante la economía de mercado
La actual crisis obliga a sepultar las lecturas paternalistas occidentales que romantizan al indígena como un sujeto puramente místico y exento de contradicciones. El escenario rural boliviano real está atravesado por tensiones de clase, demandas de acceso al crédito, la mercantilización de la tierra y dinámicas propias del capitalismo agrario. La idea de la “comunidad idílica” funciona hoy como una cortina de humo que oculta las desigualdades internas del campo.
El conflicto actual con el gobierno —cuyo eje central es el debate sobre si los pequeños agricultores nativos deben hipotecar sus parcelas para acceder al crédito financiero— expone una disputa de economía política, no un "choque cultural" o una reivindicación "pachamamista". La resistencia campesina demuestra que la tierra es un patrimonio simbólico, pero sobre todo el último escudo económico contra la proletarización y el despojo bancario. El katarismo de 2026 no apela a una regresión al pasado, sino a una estrategia de supervivencia en el mercado presente.
Conclusión: El katarismo como contrapeso y límite al poder
La Bolivia actual vive la resaca de la cooptación estatal de las tesis descolonizadoras. Tras el debilitamiento de las fuerzas emancipadoras originales durante el ciclo del MAS, las prácticas kataristas resurgen, pero no como un proyecto de administración pública, sino como una fuerza de contrapeso.
La polarización del país regresa a una lógica clásica: los movimientos indígenas y sindicales ya no se movilizan para sostener a un gobierno propio, sino para frenar los embates de un Estado desposeedor. El katarismo reafirma así su naturaleza cíclica de resistencia territorial frente al poder central, funcionando como un mecanismo de contención que obliga al Ejecutivo a renegociar el contrato social en términos estrictamente económicos y materiales.
Es una sistematización de la participación de los pueblos indígenas de tierras bajas —principalmente organizados en la CIDOB— en la Asamblea Constituyente de Bolivia (2006–2009). El documento analiza desde la Marcha por el Territorio y la Dignidad (1990) hasta las alianzas con campesinos y sectores urbanos, que desembocaron en el Pacto de Unidad. Analiza estrategias, debates y propuestas sobre autonomía indígena, justicia comunitaria, representación política y gestión de recursos naturales. Analiza cómo las demandas indígenas se reflejaron en la nueva Constitución, especialmente en el reconocimiento del Estado Plurinacional, la libre determinación y los derechos colectivos. En síntesis, el texto muestra cómo los pueblos indígenas de tierras bajas pasaron de ser actores invisibilizados a protagonistas en la refundación del Estado boliviano, aportando una visión pluralista y plurinacional.
