¿De aliados a interlocutores condicionales?
Los pueblos indígenas en el primer año de Rodrigo Paz
Santos Diamantino
13 de noviembre de 2025
A manera de introducción
La wiphala ya no ocupa el mismo lugar en la escenografía del poder. En su primer año de gobierno, Rodrigo Paz Pereira ha sustituido parte del lenguaje plurinacional que dominó la política boliviana durante casi dos décadas por otro vocabulario: eficiencia estatal, inversión privada, bonos verdes, desarrollo productivo y recuperación económica.
Pero la pregunta central no es si Bolivia dejó de ser un país profundamente indígena. La pregunta es si sus pueblos indígena originario campesinos y afrobolivianos conservan voz para decidir qué significa desarrollarse, quién administra sus territorios y a quién beneficia la riqueza que se extrae de ellos.
El primer año de Rodrigo Paz no demuestra que los pueblos indígenas hayan desaparecido de la política boliviana. Demuestra algo más complejo: que su lugar en el Estado cambió. De aliados corporativos privilegiados del ciclo del MAS, varias organizaciones pasaron a ser interlocutoras condicionales de un gobierno que promete menos burocracia, más mercado y decisiones técnicas.
Ese desplazamiento abre oportunidades para quienes rechazan las dirigencias cuestionadas, pero también deja abierta una incógnita: si desaparece la intermediación sindical, ¿quién representa, consulta y protege a las comunidades?
Primer punto: El poder se muestra como técnico, empresarial y orientado al mercado.
El gobierno de Paz llegó al poder con una promesa de ruptura: reducir el Estado, combatir la corrupción y salir de una crisis económica que el anterior oficialismo no había podido resolver. En noviembre de 2025, el presidente redujo primero el gabinete de 17 a 14 ministerios y, tras sucesivos ajustes, lo consolidó en 12 carteras. La medida fue presentada como una reforma orientada a la eficiencia y contra el clientelismo.
Pero la reforma administrativa tuvo también una dimensión simbólica y política. La salida o reducción de la centralidad de la wiphala, los ponchos, los chullos y los rituales presidenciales no equivale, por sí sola, al fin de los derechos indígenas. Sin embargo, comunica un cambio de prioridad: el poder ya no se presenta principalmente como plurinacional, comunitario o descolonizador, sino como técnico, empresarial y orientado al mercado.
Ese giro se hizo evidente en agosto de 2026, cuando Rodrigo Paz eliminó el Ministerio de Planificación del Desarrollo y Medio Ambiente y trasladó funciones ambientales a otra cartera, dirigida por un agroempresario. Para organizaciones ambientalistas y territoriales, el movimiento fue leído como una señal de que la agenda ambiental y la consulta a los pueblos quedaban subordinadas a la lógica de inversión y producción.
Segundo punto: De aliados a interlocutores
Durante el ciclo del MAS, una parte importante de las organizaciones campesinas, sindicales y originarias tuvo acceso privilegiado al Estado: cargos, financiamiento, contratos, presencia en actos oficiales y capacidad de presión política. Ese modelo generó beneficios, pero también dependencia, clientelismo y una identificación problemática entre dirigencia, base social y movimiento indígena.
El primer año de Rodrigo Paz alteró esa ecuación. Sectores vinculados al MAS, a Evo Morales y a estructuras sindicales tradicionales perdieron parte de su acceso directo al poder. Las movilizaciones de mayo y junio de 2026, protagonizadas por sindicatos, campesinos y sectores afines al expresidente, mostraron que la ruptura no fue sólo discursiva: se expresó en carreteras, paros, confrontaciones y demandas económicas.
Pero sería un error convertir esa ruptura en una sentencia sobre “los indígenas”. No existe un solo sujeto indígena con una sola voz. Hay aymaras y quechuas del altiplano, comunidades del trópico, pueblos amazónicos, guaraníes, chiquitanos, interculturales, afrobolivianos, autoridades originarias, dirigentes sindicales, productores, mujeres, jóvenes y comunidades que rechazan ser representadas por las mismas cúpulas que durante años hablaron en su nombre.
La pregunta correcta no es si el gobierno marginó a “los indígenas”, sino cuáles organizaciones perdieron privilegios, cuáles conservaron canales de negociación y cuáles fueron invitadas a un nuevo modelo de relación con el Estado.
Tercer punto: La sombra del Fondo Indígena y la estigmatización política.
La crítica gubernamental contra la intermediación indígena encontró un argumento poderoso en los escándalos vinculados al Fondo Indígena. Las investigaciones por presuntas irregularidades en proyectos financiados con recursos públicos desnudaron una crisis de legitimidad que no puede reducirse a una conspiración política ni explicarse como un rasgo cultural.
La corrupción es un problema institucional: falta de control, opacidad, captura de recursos, debilidad de la justicia y concentración de poder. Convertirla en una acusación contra un pueblo entero o aceptar sin matices la fórmula de que “el indio roba al indio”, es una forma de estigmatización política. También es una manera de desviar la atención de las responsabilidades del Estado, que financió, supervisó y permitió durante años un sistema vulnerable a la captura.
Sí, es legítimo exigir transparencia, auditorías, sanciones y rendición de cuentas. Pero la respuesta no puede ser eliminar la representación indígena; debe ser reconstruirla con reglas públicas, participación comunitaria, trazabilidad del dinero y mecanismos que impidan que unos pocos dirigentes hablen y decidan por todos.
Cuarto punto: La Pachamama cambió de opinión
En su discurso ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, Rodrigo Paz afirmó que “la Pachamama cambió de opinión”. La frase fue repetida después en foros empresariales y en su mensaje de que “ser indígena no es sinónimo de ser indigente”. El presidente planteó que Bolivia debía abandonar dos décadas de aislamiento económico y abrirse a la inversión, la tecnología y los mercados internacionales.
El mensaje tiene una fuerza innegable. Nadie debería aceptar que la identidad indígena equivalga a pobreza, aislamiento o dependencia estatal. La dignidad de los pueblos indígenas no se mide por la cantidad de subsidios que reciben, sino por su capacidad de decidir sobre su territorio, su economía, su cultura y su futuro.
Pero, el discurso también plantea una pregunta incómoda: ¿quién define qué es el desarrollo?
Si la respuesta es únicamente la inversión privada, los bonos verdes y los indicadores macroeconómicos, los pueblos indígenas pueden terminar convertidos en beneficiarios pasivos de proyectos decididos desde arriba. Si, en cambio, el desarrollo se construye con consulta previa, consentimiento informado, control territorial, distribución equitativa de beneficios y protección efectiva de la Amazonía, entonces la promesa presidencial puede tener contenido real.
La Amazonía no es solo una reserva de carbono ni un espacio para captar financiamiento climático. Es territorio, vida, memoria, economía y autoridad para quienes la habitan. Un bono verde puede financiar conservación, pero también puede imponer condiciones, intereses y decisiones ajenas a las comunidades. La clave no está en el nombre del instrumento, sino en quién firma, quién consulta, quién controla y quién recibe.
Quinto punto: La carretera como espacio de negociación.
Cuando el acceso institucional se estrecha, la carretera vuelve a convertirse en el espacio de negociación. Entre mayo y junio de 2026, Bolivia vivió 53 días de bloqueos y protestas que pusieron en evidencia la profundidad del malestar social.
El gobierno respondió con medidas excepcionales, incluida la declaratoria de estado de excepción el 20 de junio, una decisión que reveló los límites del diálogo y la dificultad de gestionar una conflictividad con raíces económicas, políticas y territoriales.
Las protestas no pueden explicarse solamente como manipulación de dirigentes, ni como resistencia espontánea de las comunidades. Fueron el resultado de una acumulación de tensiones: crisis económica, escasez y encarecimiento de bienes básicos, desconfianza hacia el gobierno, pérdida de privilegios corporativos, disputas internas del MAS y demandas sectoriales que el Ejecutivo no logró canalizar.
La carretera es, en ese sentido, un lenguaje político. No es la forma ideal de diálogo, pero aparece cuando otros canales se perciben como cerrados. Para un gobierno que dice representar la eficiencia y la modernización, el desafío no es solo despejar vías: es construir mecanismos creíbles para que las comunidades no tengan que quemar llantas para ser escuchadas.
Sexto punto: La caída del respaldo
El deterioro político del primer año se refleja en las encuestas. Según el Monitor de Opinión Pública de Ipsos CIESMORI, la aprobación presidencial pasó del 65% en noviembre de 2025 al 25% en octubre de 2026, mientras la desaprobación subió del 18% al 59%. La medición fue realizada entre el 28 de octubre y el 5 de noviembre de 2026, mediante encuestas en línea a 400 personas con acceso a internet en La Paz, El Alto, Cochabamba y Santa Cruz; por tanto, no debe presentarse como una fotografía representativa de todo el país.
La caída no puede atribuirse a una sola causa. La economía pesa, pero también inciden la gestión de conflictos, la percepción de corrupción, las expectativas incumplidas y la falta de acuerdos con sectores sociales. El mismo estudio registra que el manejo de bloqueos, paros y protestas obtuvo un 55% de evaluaciones negativas.
Para los pueblos indígenas, el dato importa porque revela que la promesa de un Estado eficiente no reemplaza automáticamente la legitimidad política. La eficiencia sin participación puede producir decisiones rápidas, pero también decisiones frágiles. Un gobierno que reduce intermediarios sin construir nuevos canales de representación corre el riesgo de quedarse hablando solo consigo mismo.
Sexto punto: El dilema del nuevo modelo
El primer año de Rodrigo Paz dejó planteado un dilema que irá más allá de su mandato:
¿Bolivia construirá un modelo de desarrollo que reconozca a los pueblos indígenas como sujetos de derechos, territorio y decisión, o los reducirá a destinatarios de programas, beneficiarios de créditos y obstáculos que deben ser “integrados” al mercado?
La primera opción exige instituciones fuertes: consulta previa real, protección de tierras comunitarias, financiamiento transparente, participación de mujeres y jóvenes, respeto a la autonomía y mecanismos de rendición de cuentas que no dependan de la buena voluntad de un presidente o de una dirigencia.
La segunda opción puede tener discursos atractivos, pero termina reproduciendo una vieja desigualdad: las comunidades reciben lo que el Estado, las empresas o los financistas deciden darles, mientras las decisiones estratégicas sobre tierra, agua, minería, bosques y producción permanecen fuera de su alcance.
Entre esos dos caminos está la política real. Y allí se jugará la pregunta que este primer año dejó sin responder: si los pueblos indígenas son socios políticos con derechos y territorio, o apenas moneda de cambio en un nuevo relato de desarrollo.
A manera de concluir la idea
El primer año de Paz no borró la presencia indígena de Bolivia. La hizo más incómoda, más fragmentada y más difícil de reducir a un solo discurso. Las organizaciones que antes tenían acceso privilegiado al poder perdieron parte de él; las comunidades que exigen transparencia ganaron un argumento contra las cúpulas cuestionadas; y quienes defienden territorio, consulta y autonomía siguen enfrentando un Estado que promete eficiencia, pero aún no ha demostrado cómo garantizar participación.
La wiphala puede guardarse, doblarse o desplazarse de una fachada. Pero los pueblos indígenas no son un símbolo decorativo ni una cuota política. Son sujetos colectivos con historia, territorio y derechos. El verdadero examen del gobierno de Rodrigo Paz no será si logra hablar de ellos en foros internacionales, sino si les devolvió la capacidad de decidir, desde sus comunidades y territorios, el rumbo de un país que sigue siendo, en buena medida, suyo.
