¿Quién paga el precio de la crisis en Bolivia?
Reflexiones
Por Santos Diamantino.
15 de octubre del 2026
Escribir sobre economía en Bolivia hoy se ha convertido en un doloroso ejercicio de contrastes. Por un lado, está la cruda realidad de la calle, donde la matemática no miente: el dinero ya no alcanza, los alimentos se duplican y la vida diaria de las mayorías se ha transformado en una persistente estrategia de supervivencia. Por el otro, está la burbuja del sector político, un espacio blindado donde las autoridades perciben salarios mensuales fijos de cinco cifras, totalmente ajenos a la angustia del ciudadano común.
Durante las últimas semanas, los informes de organismos internacionales como el Banco Mundial (BM) y las alertas del Fondo Monetario Internacional (FMI) han terminado por confirmar el colapso estructural: Bolivia es la única economía de Sudamérica atrapada en una profunda recesión, proyectando una contracción de entre el -2,8% y el -3,6% del PIB para el cierre del año.
Pero mientras las reservas de dólares caen y el ciudadano promedio hace malabares con un Salario Mínimo Nacional fijado por el Estado en Bs 3.300 (del cual carecen millones de trabajadores informales), las planillas del aparato político exponen una asfixiante e insultante brecha social.
La indignación colectiva estalla al revisar las escalas salariales del poder. Mientras la gente se debate entre comer o comprar remedios, un asambleísta nacional (diputado o senador titular) percibe un sueldo fijo mensual de Bs 23.310.
En el Ejecutivo, el Presidente del Estado goza de un haber oficial de Bs 24.978, y el Estado continúa erogando rentas vitalicias que rondan los Bs 30.000 mensuales para mantener el retiro de los expresidentes.
En las regiones la realidad no es distinta: los Gobernadores departamentales perciben haberes fijos que van desde los Bs 12.556 hasta los Bs 19.859 en los casos más altos, mientras que los Concejales municipales de las grandes ciudades del eje central cobran dietas que rivalizan con las de un legislador nacional.
Es a la enorme masa de bolivianos independientes (los gremiales, los productores, los transportistas, los quichiris de coca, los que lavan autos, los que venden dulces, los minibuseros, taxistas, personas que cocinan en los agachaditos, personas que venden quesos o dulces en la veredas de las calles, los que verdaderamente “viven al día”) a quienes la recesión está ahogando sin piedad.
El violento encarecimiento de la gasolina y el diésel que para algunos se ha vuelto incomprable, no es un dato de oficina; es un golpe directo en cadena. Al subir el combustible, aumentan los pasajes y los fletes de carga. Quienes traen sus productos del campo a los centros urbanos se ven obligados a elevar los precios para no perder su escaso capital.
El resultado final lo paga el estómago del pueblo: el pollo, el arroz, el aceite y las verduras indispensables se están volviendo artículos de lujo. ¡Reflexionen señores autoridades!
Pero el drama más violento ocurre en el ámbito de la salud. Al no haber dólares en las farmacias y hospitales, la importación de insumos médicos y fármacos esenciales se ha encarecido a niveles prohibitivos. Para el boliviano de a pie, que no cuenta con un sueldo estable ni goza de un seguro médico patronal, enfermarse hoy representa una sentencia de quiebra familiar.
Por si fuera poco, los planes estatales de indexar y elevar las tarifas de servicios básicos esenciales como el gas domiciliario y la energía eléctrica se sienten en las calles como una estocada de gracia. Pareciera que las políticas de ajuste fiscal están fríamente diseñadas para trasladar todo el peso de la crisis hacia los hombros del sector desprotegido.
A este panorama desolador se suma la cruda realidad de una juventud profesional atrapada en el desempleo institucionalizado. Año tras año, miles de jóvenes bolivianos egresan de las universidades con títulos bajo el brazo, solo para estrellarse contra un mercado laboral completamente saturado, precarizado y carente de oportunidades genuinas.
Sin palancas políticas o familiares, el título profesional se ha convertido en un adorno de pared.
La falta de políticas de inserción laboral han consolidado un escenario perverso: Bolivia posee una de las tasas de informalidad laboral más altas del mundo, superando el 80%, según el Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (CEDLA). En este ecosistema de precarización, el subempleo profesional es la norma y no la excepción.
Hoy, una generación entera de jóvenes titulados (ingenieros, abogados, médicos y licenciados) se estrella contra un mercado donde apenas 2 de cada 10 profesionales logran conseguir un trabajo formal relacionado con su carrera. Los restantes 8 se ven obligados a refugiarse en el comercio informal, a manejar un taxi por aplicación o a engrosar las filas del subempleo sin derechos laborales ni aportes de jubilación para poder subsistir.
El título universitario dejó de ser un motor de ascenso social para convertirse en un papel archivado, obligando a miles de profesionales a vivir de la misma incertidumbre del día a día mientras la burocracia estatal consume los recursos del país.
La rabia social no nace de consignas ideológicas abstractas; nace de ver a una clase gobernante que exige austeridad al pueblo desde la comodidad de sus privilegios blindados. Bolivia no resistirá más discursos de estabilidad ficticia ni parches temporales. Una lectura seria de este momento exige entender que el descontento popular es legítimo y urgente. Es imperativo congelar las tarifas básicas, priorizar dólares exclusivos para el sector salud y recortar de verdad los privilegios de los de arriba.
El hambre del pueblo que vive al día no puede seguir financiando la comodidad del palacio.
