Por: Santos Diamantino
04 de agostos de 2026
Existe un sector político y civil en Bolivia que, en momentos de crisis económica o reestructuración estatal, suele lanzar una frase tan lapidaria como miope: “LA CULTURA NO DA DE COMER; EL MINISTERIO DE CULTURAS ES UN GASTO INNECESARIO”. Reducir la gestión cultural a una dirección o un viceministerio subordinado a carteras como Educación o Economía no es un simple ahorro presupuestario; es un acto de amnesia institucional y una renuncia explícita a gestionar los conflictos más profundos de nuestra identidad.
En una nación cruzada por una profunda diversidad étnica e históricas asimetrías sociales, UN MINISTERIO CON RANGO PROPIO EN EL ÓRGANO EJECUTIVO NO ES UN ADORNO FOLCLÓRICO. Es el órgano rector indispensable para garantizar peso político, presupuesto independiente y capacidad de negociación directa al más alto nivel.
Como sociedad, esto nos obliga a plantearnos una pregunta incómoda que quema en el debate público:
¿Puede Bolivia sostener un Estado Plurinacional pacífico, cohesionado y económicamente sostenible si desmantela el único escudo institucional diseñado para mediar los conflictos étnicos, proteger el patrimonio frente al extractivismo y dignificar las identidades históricamente oprimidas?
Para responder a este interrogante, debemos despojarnos de la mirada idílica de la cultura como un simple "espectáculo de bailes" y analizarla desde la antropología social: como una arena viva donde la economía de supervivencia, la legislación y la memoria colectiva chocan de frente.
Ejemplo: El colapso del Cerro Rico de Potosí
El dilema de la Ciudad de Potosí (Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO desde 1987) responde directamente a nuestra pregunta crucial. Considerado el mayor complejo industrial del siglo XVI, su declaratoria abarca la Casa de la Moneda, las iglesias barrocas, las lagunas coloniales y, en su corazón, el Sumaj Orcko (Cerro Rico), símbolo de nuestra identidad plasmado en el escudo nacional.
Sin embargo, el cerro padece una contradicción estructural: su mayor riqueza histórica es hoy su principal condena. Desde 2014, Potosí ingresó en la Lista de Patrimonio de la Humanidad en Peligro debido al riesgo inminente de degradación geomorfológica y los severos hundimientos en su cima.
Aquí el problema trasciende lo geológico. La preservación de la piedra colisiona frontalmente con una economía de subsistencia fuertemente arraigada. Miles de familias organizadas en cooperativas mineras ejercen un notable poder político y defienden su derecho al trabajo basándose en una tradición minera de siglos. A pesar de que el Decreto Supremo 27787 prohíbe las operaciones por encima de la cota 4,400 para proteger la cúspide, la fiscalización y reubicación efectiva de los mineros artesanales sigue siendo un desafío institucional crítico.
Los proyectos de mitigación, como el relleno técnico con mezclas de cemento y poliuretano, funcionan como paliativos temporales sobre un patrimonio que se desmorona debido a la incesante actividad de los socavones internos. Sin un Ministerio de Culturas con rango y peso político propio para negociar con el sector minero y la Corporación Minera de Bolivia (COMIBOL) bajo el paraguas de la Ley N° 530 del Patrimonio Cultural Boliviano, la solución técnica es inviable. Destruir la institucionalidad cultural es condenar a Potosí a perder su historia a manos de la necesidad económica urgente.
Otro ejemplo Tiwanaku
A unos 400 kilómetros de la crisis potosina, el Centro Espiritual y Político de la Cultura Tiwanaku (Patrimonio UNESCO desde el 2000) nos muestra la otra cara de la moneda: un giro metodológico y político fundamental en la gestión del patrimonio material en Bolivia.
Durante el siglo XX, Tiwanaku operó bajo una lógica extractivista tradicional: arqueólogos urbanos o extranjeros excavaban el sitio, trasladaban los bienes muebles a museos centralizados y relegaban a las poblaciones locales a ser mera mano de obra barata. El advenimiento del Estado Plurinacional transformó esta dinámica mediante un modelo de gestión participativa y comunitaria:
Institucionalidad Compartida: La administración del sitio recae en el Centro de Investigaciones Arqueológicas, Antropológicas y Administración de Tiwanaku (CIAAAT).
Gobernanza Horizontal: El directorio del CIAAAT estaba compuesto de forma tripartita por el Ministerio de Culturas, el Gobierno Autónomo Municipal de Tiwanaku y las 23 comunidades originarias de la región, articuladas bajo el Consejo de Ayllus y Comunidades Originarias de Tiwanaku.
Redistribución del Excedente: Los ingresos económicos generados por la taquilla turística se reinvierten directamente en las comunidades para financiar proyectos de desarrollo local, salud, educación e infraestructura.
Este modelo logra que el patrimonio material deje de percibirse como una imposición o restricción estatal, transformándose en un motor de desarrollo socioeconómico regional y un baluarte de orgullo identitario. Tiwanaku demuestra que la cultura sí da de comer cuando se gestiona con un enfoque descolonizador.
Ahora, una reflexión sobre el Patrimonio Inmaterial como trinchera social
Finalmente, la pregunta crucial se responde en las calles. Al amparo de la Ley N° 530, las manifestaciones inmateriales son catalogadas en Bolivia como propiedad colectiva, de carácter inalienable, inembargable e imprescriptible. Estas expresiones no son adornos de calendario; constituyen el tejido social vivo que evita que un país con múltiples tensiones geográficas e identitarias se fragmente de forma violenta.
Bolivia se consolida como una potencia global en la salvaguardia de sus tradiciones, acumulando importantes reconocimientos oficiales en la Lista Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad de la UNESCO:
El Carnaval de Oruro (2008): Una síntesis viva de devoción católica, sincretismo andino y memoria histórica dancística.
La Cosmovisión Andina de los Kallawayas (2008): Saberes médicos ancestrales y farmacopea botánica en la provincia Bautista Saavedra.
Músicas y Danzas de la Cultura Yampara: El Pujllay y el Ayarichi (2014): Expresiones de Chuquisaca ligadas al ciclo agrícola y la conmemoración de los antepasados.
Recorridos Rituales en La Paz durante la Alasita (2017): La miniatura y la fe en el Ekeko como un sistema de intercambio social basado en la reciprocidad.
Festividad del Señor Jesús del Gran Poder (2019): Expresión folclórica que visibiliza el ascenso económico y político del mestizaje aimara urbano paceño.
Fiesta Grande de Tarija (2021) y los Ch'utillos de Potosí: Manifestaciones religiosas y dancísticas que cohesionan el tejido social de las regiones del sur y del altiplano.
Ichapekene Piesta (San Ignacio de Moxos): Celebración sincrética de las tierras bajas (Beni) que salvaguarda la memoria indígena moxeña.
Para operar de manera técnica frente a riesgos como la mercantilización, el plagio internacional o la distorsión ritual, el Ministerio tendría la misión de aplicar el Manual para la Elaboración del Plan de Salvaguardia del Patrimonio Inmaterial, estructurado en tres fases metodológicas estrictas: Registro, Inventario y Catalogación, pero bueno no sé eso en que queda al final
Como ciudadanos de a pie, nos toca sentarnos a debatir sobre el país que estamos construyendo. Les propongo tres preguntas cruciales que no admiten respuestas fáciles:
¿Qué pesa más en la balanza de nuestra moral colectiva? Si de ti dependiera la decisión, ¿qué salvarías primero: la silueta histórica del Cerro Rico de Potosí para cumplir con los estándares internacionales de la UNESCO, o el pan de cada día de las miles de familias mineras que trabajan en sus socavones?
Cuando vemos una danza boliviana en un escenario internacional o radicalmente modificada por la juventud en el Gran Poder, ¿estamos presenciando la "pérdida de la tradición" o estamos viendo al patrimonio inmaterial respirando, mutando y manteniéndose vivo en el presente?
Si el modelo de co-gestión comunitaria de Tiwanaku funciona con tanto éxito para frenar el saqueo arqueológico y generar ingresos locales, ¿por qué el Estado y los gobiernos locales tardan tanto en replicar esta misma fórmula en el resto de los sitios patrimoniales del país?
No todo es criticar qué tal estas propuestas
El patrimonio no se defiende solo con discursos ni con la clausura de oficinas. Exige políticas públicas aterrizadas, sensibles y valientes que el Ministerio de Culturas debe liderar:
En lugar de estigmatizar al minero cooperativista como el "destructor" del patrimonio de Potosí, se le debe integrar como el protagonista de circuitos turísticos vivenciales y culturales controlados. Es urgente que las cooperativas diversifiquen sus ingresos mostrando la enorme riqueza inmaterial del subsuelo (el culto al Tío, los rituales de interior mina), disminuyendo la necesidad de perforar agresivamente las zonas críticas de la cima.
Implementar un fondo estatal financiado por regalías mineras e impuestos turísticos, destinado exclusivamente a capacitar y financiar nuevos emprendimientos sustentables (artesanía, servicios, gastronomía local) para los mineros que acepten abandonar la cota 4,400. No se puede exigir el cumplimiento de la ley sin poner alternativas reales sobre la mesa de los hogares potosinos.
Crear comités de salvaguardia de carácter tripartito donde los dirigentes sociales locales, los municipios y el Ministerio de Culturas tengan voz y voto por igual. Cuando las bases sociales se vuelven guardianas de su propia historia porque ven un beneficio tangible en ello, el patrimonio sobrevive de forma orgánica.
Algunas ideas finales
El contraste entre Potosí y Tiwanaku nos ofrece una lección institucional fundamental: las sociedades humanas no pueden proteger su pasado si el costo de dicha protección es condenar su presente material. Mientras Tiwanaku representa el éxito de la descolonización patrimonial (donde el monumento arqueológico genera desarrollo directo para sus descendientes legítimos), Potosí expone las profundas contradicciones de una herencia colonial extractivista que sigue operando como el único sustento económico de su población.
Prescindir de un Ministerio de Culturas en Bolivia es una miopía política de consecuencias críticas. En un territorio históricamente fragmentado por tensiones geográficas y heridas coloniales, esta cartera no es un lujo burocrático de tiempos de bonanza. Es la trinchera institucional indispensable encargada de garantizar que el pasado patrimonial y el presente material de los bolivianos puedan coexistir sin destruirse mutuamente.
Bueno es una pequeña reflexión amigos y amigas, sobre la cultura en nuestro país.
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